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1 julio, 2013

Nueva Ley de Riesgos, el fallo del Tribunal Superior de Córdoba que se necesita

Publicamos nota en el diario Comercio y Justicia, lunes 1 de julio de 2013

Nueva Ley de Riesgos, el fallo del Tribunal Superior de Córdoba que se necesita.

Hemos visto, días atrás tratado aquí, el tema de la aplicación de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo, fundamentalmente en lo que hace al artc. 17 inc. 6 de la Lye 26.773, que actualiza los montos indemnizatorios de acuerdo al RIPTE, y la polémica generada por falta de unicidad de criterios Jurisprudenciales. Es que mientras el Alto Cuerpo de Justica de la Provincia, no se expida la mora es perjudicial para todo le sistema, fomenta que las A.R.T. – que son empresas- especulen con la imprevisibilidad, respecto de la norma que les será aplicable, al momento de la condena y tiendan así a dilatar más los tiempos aún. Sumando un grave problema a los ya conocidos: la demora en las pericias y en lagunas de las Salas Laborales en fijar fecha de audiencia de vista de causa, desde que es elevada la misma.

Entendemos que mientras antes falle el Tribunal Superior Provincial unificando criterio, sobre la cuestión, mejor será para los miles de trabajadores y para el diario litigara abogadil, puesto que se esta generando una gran congestión en le fuero laboral y generará seguramente una avalancha de Recursos de Casación, justamente por este motivo.

Sin perjuicio de que nuestra postura sea claramente la aplicación, y lo decimos interesadamente, es valioso citar un resumen del fallo señero en la materia de la Cámara Laboral mendocina, autos: “GODOY MAXIMILIADO C/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A”….A diferencia de la normativa de los decretos 1278/00 y 1694/09, la Ley 26.773 contiene un principio general de aplicación temporal y una serie de excepciones la mismo…i.- Una interpretación armónica, integral y en su conjunto del texto legal conduce a este resultado. En efecto en artc. 17 inc. 5), como lo he manifestado supra establece el principio general, en lo referido a la fecha de su entrada en vigencia (primera manifestación invalidante posterior a su publicación en el Boletín Oficial.), mientras que el artc. 17 inc. 6) consagra expresamente una excepción a ese principio general y, por ende se aplica a partir de su publicación en le B.O.) (artc. 2 C.C.) Caso contrario que sentido práctico jurídico tendría el arc. 17 inc. 6, si no fuera que el mismo se aplica las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Lay 26.773, esto es durante la vigencia de la L.R.T. Decreto 1278/00 y 1694/09, en efecto si el legislador no hubiera querido que la fecha de entrad en vigencia del dispositivo legal del artc. 17 inc. 6) fuera distinta a la de principio general establecido en al artc. 17 inc. 5), directamente no hubiera sancionado el artc. 17 inc. 6), en cuyo caso también la situación fáctica prevista en el artc. 17 inc. 6), prestaciones dinerarias por incapacidad permanente) hubieran comenzado a regir al igual que el resto de los artcs. de la Lay 26.773 a partir de la “primera manifestación invalidante” posterior a su publicación en el B.O., tal como lo dice el artc. 17 inc. 5).-

ii.- Una interpretación gramatical del artc. 17 inc. 6), también lleva a esta conclusión. Repárese que a diferencia del artc. 17 inc. 5) que hace alusión a “las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley, entraran en vigencia a partir de…”, el artc. 17 inc. 6 no se refiere a la hipótesis prevista en el artc. 17 inc. 5 sino que contempla a “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la Ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante le decreto 1694/09…”. El texto legal en ese sentido es claro y explícito: en él no se menciona las prestaciones en dinero y en especie de esta Ley, supuesto previsto en le artc. 17 inc. 5), sino por el contrario, prevé alas prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la LRT. y sus modificatorias (Decreto1278/00 y su actualización 1694/09) y no a las de esta ley. (Ley 26.773).-

iii.- Una interpretación teleológica o finalista de la norma legal , también, se encamina a ese desenlace. Resulta evidente, a partir del texto legal del artc. 17 inc. 6) que el legislador pretendió ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la ley de riesgos y sus decretos a la fecha de publicación del B.O. de la Ley 26.773 (artc. 2 C.C.), toda vez que el último “ajuste” a estas prestaciones dinerarias del “sistema” ocurrió en el año 2009 con la sanción del Decreto 1694/09 y solamente para aquellas contingencias laborales cuya “primera manifestación invalidante” fueron posterior a su publicación en le B.O., dejando sin “ajuste” alguno aquellas cuya “primera manifestación invalidante” fueran anteriores a su publicación en el B.O.-

El mensaje de elevación del P.E. del proyecto de ley que, luego del trámite parlamentario fue sancionado como ley 26.773 avala esta postura ala sostener que: “Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes, por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación de acuerdo ala variación del índice RIPTE publicado por la S.S.S. del M.T.S.S.”. Me resulta incuestionable a partir del texto mismo del proyecto de Ley, remitido por el P.E.N. al P.L. y que, finalmente, fuera sancionado por el Congreso Nacional que, el Estado Nacional, tenía el objetivo de ajustar la prestaciones dinerarias por incapacidad permanente producidas durante la vigencia de la LRT, los Decretos 1278/00 y 1694/09, dado que de lo contrario hubiera hecho referencia solamente a las prestaciones dinerarias que cayeran bajo la vigencia temporal de la nueva ley y no a un “…ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación” tal, como en definitiva quedó plasmado en le mensaje de elevación, lo cual, reitero, resulta indudable que estaba haciendo alusión no solo a las prestaciones alcanzadas por la nueva legislación, sino a todas “…las normas de reparación…”, lo cual lleva a sostener sin ninguna hesitación, que comprendía a las que cayeron bajo la vigencia de la LRT., a los Decretos 1278/00 y 1694/09.-

Augusto Octavio Fili – Abogado dedicado al derecho de daños.

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