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29 enero, 2015

Ordenan aplicar nuevo régimen de reparación de accidentes laborales

En la ciudad de Córdoba, a trece días mes de noviembre del año dos mil catorce, terminado el debate, se reúne en sesión oral y publica el tribunal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba, constituido en Sala Unipersonal a cargo del Dr. Mauricio Cesar Árese y en presencia de la Secretaría autorizante, a fin de dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: “Orellana, Rene Franco C/ Provincia ART SA-Expte. 230060/37” de los que RESULTA:

I. Demanda.

Comparece René Franco Orellana, DNI 24.379.414 interponiendo formal demanda laboral por incapacidad en contra de Provincia ART SA con domicilio en calle Humberto Primo 620 of. H Torres Capitalinas, Ciudad de Córdoba persiguiendo el cobro de la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 178.494,43) o lo que en mas o en menos resulte de la prueba rendida en autos con más intereses, actualización monetaria y costas.

Solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT y que VE se declare competente para entender en la presente causa. Relata que trabaja en relación de dependencia jurídico laboral con Pertenecer SRL servicios eventuales, realizando tareas en la empresa usuaria Jose Minetti y Cia como Peón de carga en el Molino Minetti ubicado en calle Río Negro 3550 Bº Parque Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba.

Su jornada laboral se extendía de lunes a viernes en turnos rotativos de 8 hs. diarias existiendo tres turnos. Al momento de su accidente el horario era de06.00 a 14.00 hs. realizando tareas de operario en el sector de fraccionado de harina con categoría laboral de peón de carga. Su remuneración devengada asciende a la suma mensual de $4.312 al mes de noviembre de 2012.

La relación laboral se desarrollaba de ésta forma hasta que el día 3 de octubre de 2012 en horario de 9.30 hs aproximadamente sufrió un accidente en su lugar de trabajo cuando se encontraba realizando sus tareas normales y habituales realizó un mal esfuerzo al levantar  una bolsa de basura se le encaja el pie dentro de una rejilla de desagüe y cuando giró sus cuerpo siente un fuerte tirón en su rodilla izquierda

Como consecuencia del referido siniestro resultó un traumatismo de rodilla izquierda con síndrome meniscal y limitación funcional. Fue asistido en la Clínica Vélez Sarsfield siendo derivado por la accionada a dicho nosocomio donde le efectuaron tratamiento médico, farmacológico y kinésico. La accionada le otorga el Alta Médica el día 04 de enero de 2013, sin estimar porcentaje de incapacidad en dicho acto.

Habiendo concurrido a la Comisión Médica se dictaminó con fecha 06/03/13 que padece esguince de rodilla izquierda producto de un accidente de trabajo con incapacidad temporaria.

Ante dicha circunstancia, con fecha 11/03/13 se presenta ante el Médico Legista Dr. Martinez quien diagnostica secuela de traumatismo de rodilla izquierda síndrome meniscal limitación funcional. El mencionado galeno dictaminó que dichas secuelas me provocan una incapacidad parcial y permanente del 15% de la TO con calificación médico legal: accidente de trabajo. Agrega que a la fecha no ha percibido indemnización alguna.

Plantea inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la LRT. Solicita aplicación Ley 26.773 siendo el RIPTE publicado en noviembre de 2012: 789,52 dividido el RIPTE al día 01/01/10: 344,73. Ello más el veinte por ciento que se agrega en concepto de demás gastos y daño moral.

La presente demanda asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($178.494,43).

Funda su demanda en la ley 24557 y sus reglamentaciones y hace reserva del caso federal

II. Contestación de demanda.

Citadas las partes a la audiencia de conciliación, las mismas no se avienen por lo que la actora se ratifica de la demanda a través de su representante y la accionada contesta conforme memorial que acompaña solicitando el rechazo de la demanda con costas. Por la accionada, Provincia ART SA comparece la Dra. Romina Bertorello. Invitadas las partes a conciliar las partes no se avienen. Concedida la palabra a la parte actora ésta ratifica la demanda en todas sus partes solicitando se haga lugar a la misma con costas a la contraria. Concedida la palabra a la demandada ésta solicita el rechazo de la demanda con costas a la contraria. Del memorial acompañado resulta:

Que niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por el actor con excepción de aquellos que sean motivo de expreso reconocimiento en éste responde. En especial niega que corresponda indemnizar a la contraria en función de las previsiones LRT o cualquier otra normativa. Niega la relación laboral a las órdenes del empleador que denuncia en demanda. Que realizara tareas  para la Empresa Minetti y Cia, niega su desempeño como peón de carga de Molino Minetti.

Niega la jornada de trabajo de turnos rotativos de 8 hs. diarias en tres turnos que a momentos del accidente cumpliera horarios de 6 a 14 hs., niega que realizara tareas de operario en el sector fraccionado de harinas. Niega la remuneración denunciada, la modalidad del ocurrencia el hecho denunciado como accidente de trabajo Niega el diagnóstico médico relacionado en demanda y que el actor padezca las patologías que denuncia.

Si bien reconoce que el actor padeció una contingencia que debe ser conceptualizada como accidente de trabajo, éste no tuvo la magnitud ni las secuelas que relata el demandante. No obstante ello recibió las prestaciones en especie que impuso el siniestro, En consecuencia se deja negada y controvertida la existencia de cualquier daño en el demandante y la existencia de relación de causalidad adecuada entre el accidente de trabajo y las consecuencias dañosas que relata.

Solicita se rechace el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 21,22 y 46 de la ley 24557. Contesta petición de aplicar ley 26.773.

III. Ofrecimiento de prueba.

Abierta la causa a prueba, la demandada ofrece documental – instrumental, pericial médica en subsidio, confesional, testimonial. La parte actora ofrece: confesional, testimonial, documental – instrumental, informativa, pericial médica exhibición de documentación laboral, presunciones legales.

IV.  Pericia médica

A fs. 74/77 obra agregada pericial médica que manifiesta que el paciente presenta un déficit en funciones de rodilla izquierda con maniobra meniscal positiva con incapacidad de 10% más factores de ponderación (leve 10% de 10% =1% edad 2%) lo que hace un total de 13% de la TO parcial y permanente.

A fs. 82 obra informe en disidencia de la perito de control de la demandada.

V. Documental.

a. Se agregó dictamen de la CM Nro. 5.

b. Certificado de alta con incapacidad de la Clínica Vélez Sarsfield y ART.

c. CD de la ART demandada del 6 de febrero de 2013 en el que estima un 3,5 % de incapacidad y notifica necesidad de evaluarla.

d. Recibos de haberes.

VI. Informativa.

Consta informativa de AFIP sobre haberes y aportes realizados al actor.

VII. Pericia médica con especialidad en medicina legal.

A fs. 73 se da por renunciada la prueba pericial médica con especialidad en medicina legal.

IV. Audiencia de conciliación y de vista de causa.

 

Diligenciadas las pruebas correspondientes a la etapa instructora se elevan las actuaciones radicándose por ante esta Sala. Avocado el tribunal se recepciona audiencia de conciliación y, fracasada por la falta de avenimiento de las partes, la audiencia de Vista de Causa, los alegatos de bien probado y se establece fecha de lectura de sentencia.

B. Valoración y conclusiones.

El actor reclama las prestaciones dinerarias de la LRT por incapacidad parcial y permanente derivada de un accidente de trabajo (art. 6 LRT). La demandada contestó la acción reconociendo la existencia del evento pero negando los hechos y la incapacidad. Efectúa negativas generales y particulares y se opuso a las inconstitucionalidades planteadas por la accionante.

Está incorporado parte del expte. administrativo de la Comisión Médica Regional Nro. 5. donde consta el reclamo de la parte actora por la patología debatida en estos autos. Esta resolución se encuentra firme. Por lo tanto, el asunto permaneció en sede administrativa, dictándose una resolución que estableció incapacidad parcial y permanente. La conclusión es que el actor cumplió con el trámite previo, antes de iniciar la presente instancia judicial.

Ese reclamo de una prestación por incapacidad derivada de las patologías que se denuncia como consecuencia de un accidente in itinere, ingresa dentro del ámbito de competencia que el art. 1, inc. 1, CPT asigna competencia a los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Córdoba.

Conforme el dictamen de la Comisión Médica Nro. 5 en Exte. 05B-L-00374/13 se consigna  que en sesión ordinaria del 06/03/13 se dictaminó la existencia de la patología y se indicó incapacidad temporaria. Por lo tanto, el hecho generador de estas actuaciones se encuentra firme y su debate precluido. Se discrepa en cambio, en cuanto a la existencia de incapacidad permanente y, eventualmente, su porcentaje.

En autos, la pericial médica determinó que esa patología derivada del accidente de trabajo provocó una incapacidad parcial y permanente del 13 por ciento sobre la total obrera (fs. 75/77). A fs. 82 se incorporó informe pericial en disidencia. Se discrepa en cuanto al porcentaje de incapacidad otorgado. Sin embargo, no se aprecian razones para apartarse del fijado en el informe oficial.

En cambio le asiste razón al perito de parte al observar la operatoria de los factores de ponderación ya que, según el Dec. 659/96, deben determinarse, se deben sumar, establecer un valor único que “será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales”. En el caso, esa suma da un total de 12 % según el informe oficial, sobre el porcentaje otorgado, significa un 1,2 % que se agrega aquel, resultando el 11,20 %.

C. Prueba valorada.

Se hace presente que se ha tenido en cuenta y valorado para la resolución de la causa el conjunto de prueba producida aunque solamente se haya hecho referencia a la que se considera de valor dirimente o relevante.

D. Capital e Intereses.

1. Por lo expuesto y normas legales y constitucionales referidas debe procederse la prestación según art. 14 LRT. El accidente de autos se produjo el 3/10/12, es decir, 23 días antes de que se publicara esta ley en el boletín oficial (26/10/12); la ART reconoció la existencia de incapacidad sin determinarse en forma definitiva, lo ocurrió el 11/11/03 mediante la pericial médica (fs. 75/77) y la reparación permanece sin cancelación hasta el presente. Se advierte por lo tanto una relación jurídica abierta y en pleno desarrollo hasta el presente que debe ser comprendida dentro del régimen juridico vigente al momento de su consumación, favoreciendo a la víctima del accidente con el mejor régimen de su tratamiento y no favoreciendo al principal de la relación jurídico procesal. En este punto, la ART no ha cumplido con consignar ni asumir  sus deberes de cobertura de una contingencia de accidente de trabajo como integrante de un subsistema de seguridad social obligatorio privado regido por principios y reglas de naturaleza y alcances distintos a una mera relación privada de seguros.

Debe recordarse que el mensaje del PEN que acompañó al proyecto de ley 26.773 indica: “La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral”. Esta idea es receptada por el art. 1º de la ley cuando  indica que el objetivo del régimen de la LRT es “la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”.

Se han remarcado los conceptos de cobertura “justa”, rápida, suficiente, accesible y automática, porque tienen que ver directamente con la interpretación de las reglas que integran la reforma. Estas directrices deben ser aplicadas obligatoriamente para interpretar la aplicación de la Ley 26.773 en el tiempo. Es un dato hermenéutico que no puede dejarse de lado[1].

La modificación de la LRT por Ley 26.773 ratificó en su art. 1 el siguiente concepto: “Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”.

De actuarse según estas directivas, habría un tope con la proclama constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN), la necesidad de la atención accidentes en materia de trabajo según lo dispone, entre otros instrumentos el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 7, que asegura “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo” y el PIDESC, art. 7 coincide al garantizar el derecho a ”condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”.

2. Este tribunal se pronunció en “Martín, Francisco c/ Liderar ART SA-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 205304/37”, 8/5/14 y “Ceballos, Sergio Alberto c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba-Expte. 194198/37”, 3/6/14, por la aplicación de la Ley 26.773 en caso de no existir determinación de incapacidad, no verificarse cumplimiento de las prestaciones por la ART y en definitiva no haber consumado la relación jurídica de cobertura de las prestaciones del sistema. Por razones de economía y evitar repeticiones de argumentos, se remiten a los fundamentos dados en esos precedentes, dándose por transcriptos en el presente fallo.

La postura del tribunal, tiene fundamentos en aquella apreciación sobre la naturaleza de la seguridad social de las obligaciones de la ART. Desde hace tiempo y en el orden de la seguridad social, la CSJN admitió, en caso de sucesión normativa previsional, la aplicación del régimen más favorable como lo hizo en“Arcuri Rojas c/ANSES”, 3/11/09 y “Elliff, Alberto José c. ANSeS”, 11/8/09.

Para tomar esa decisión, este tribunal se apoyó en los precedentes del párrafo anterior y, fundamentalmente, en “Calderón Celia Marta c/Asociart ART”, 29/4/14, de la CSJN. Este fallo, analizó el rechazo de la  SCJ de Mendoza, de aplicación de las prestaciones dinerarias del decreto 1278/00 a  un accidente de trabajo ocurrido el 14 de junio de 2000, por entender que suponía una aplicación retroactiva de la ley, vedada por los arts. 2 y 3 del Código Civil y del propio decreto mencionado, en su artículo 19.

La CSJN remarcó que la ART no cumplió con las obligaciones de la LRT, el alta médica y la incapacidad se determinó en 2003, por lo que concluyó: “Es por ello que entiendo que los jueces no pudieron tampoco dejar de atender los argumentos de la recurrente cuando señaló que si el objeto del reclamo nunca pudo ser exigido antes de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente, resultaba razonable que se aplique la norma vigente al momento que es exigible dicho crédito para su cobro. Máxime que encuentra explicación el concepto de primera manifestación invalidante para otras prestaciones en especie y dinerarias, pero no para la reclamada en autos, como se describió en el recurso (v. fs. 119, párrafo 3´ y 4´). Desde esa perspectiva, deberá examinarse los principios del precedente “Aveiro”, en cuanto destacó que si el decreto en juego, según sus propios considerandos, perseguía fines “perentorios e impostergables”, así como procuraba dar respuesta a la “posibilidad y la necesidad de mejorar” el régimen de la L.R.T. “de inmediato” con el propósito de “dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador o de sus derecho-habientes originadas en el infortunio laboral”, la interpretación del citado art. 19 debía realizarse con arreglo a tales premisas. Tiene dicho esa Corte que es misión del intérprete de la ley indagar el verdadero alcance y sentido de ésta mediante el examen que atienda menos a la literalidad de los vocablos que a rescatar su sentido jurídico profundo, prefiriendo la inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos explícitamente (Fallos: 329:872, 330:2932 y 331 :2829”)”.

Asimismo, la CSJN ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación del Dec. 1694/09 en “Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo Carlos y otro”, 24/6/14, por vía del art. 280 CPCCN. En este fallo la Procuración Fiscal dijo: “Además, el recurrente afirma en su recurso que el a quo aplicó en forma retroactiva las disposiciones del dec. 1694/09, pero no advierte que en realidad la decisión impugnada se asienta en otra línea argumentativa. Así, la anterior instancia ha decidido la aplicación inmediata de la referida disposición a una relación jurídica existente, teniendo especialmente en cuenta la finalidad protectora de las normas que regulan la seguridad social que se entrelaza con el principio de progresividad y el de la norma mas favorable, conforme doctrina del Máximo Tribunal en Fallo 308:116, 310:995, 312:2250,316:2054 y 332:2454”.

3. Este tribunal se ha expedido sobre la aplicación de las nuevas reglas indemnizatorias a las relaciones jurídicas o casos en trámite cuya relaciones jurídicas no se encontraban consumadas en numerosos precedentes: “Ludueña, Prudencia Beatriz C/ Asociart ART SA-Ordinario Accidente-Ley de Riesgo-Expte. 1267235/37”, 15/3/13, “Martínez, Alberto c/ Prevención ART”, 10/4/13; “Zalazar, Cristina Luisa C/ ART Interacción SA-Ordinario Accidente-Ley de Riesgo-Expte. 163373/37” 11/4/13; “Granero, Francisco José c/ Consolidart ART SA”, 15/4/13; “Bechi, José Walter c/Consolidar ART SA-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 152276/37”, 22/4/13, “Sanchez, Carlos Vianney c/ Consolidar ART-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 1450957/37”, “Herrera, Gregorio Antonio c/MAPFRE Argentina ART SA-Ordinario Accidente In Itinere-Expte. 161996/37”, 21/5/13, “Storhk, Fernando c/La Caja ART S.A. Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de riesgos) -Expte. 106709/37”, 22/5/13, “Bustos, Omar Raúl C/ MAPFRE ART SA-Ordinario Accidente-Ley de Riesgo-Expte. 168001/37”, 23/5/13, “Silva, Oscar Angel c/MAPFRE ART SA-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 107847/37”, 4/6/13 y “Perez, Juan Alberto  C/ Asociart ART SA-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 175991/37”, 24/6/13; “Ludueña, Marcelo Esteban c/ MAPFRE ART SA-Ordinario-Expte. 152092/37, 23/7/13, “Nieto, Gustavo Daniel c/ Provincia ART SA. Ordinario-Accidente (Ley de riesgos)- EXPTE. 143477/37”, 3/6/13 y “Ferreyra, Miguel Angel c/Mapfre ART S.A. -Ordinario – Enfermedad Accidente (Ley de riesgos) Expte. 155036/37”, 31/7/13; “Vargas, Enrique Osvaldo c/Asociart ART SA-Ordinario Accidente-Expte. 177117/37”, 6/8/13; “Coy, Maria Constanza c/ART Liderar SA-Ordinario Accidente (ley de riesgos) -Expte. 201059/37”, 6/11/13 y “Saleh, Omar c/Consolidar ART SA-Ordinario-Enfermedad accidente (Ley de Riesgos)-Expte. 19592609/37”, 13/2/14. El conjunto de los temas aquí en cuestión han sido tratados y resueltos por este tribunal unipersonal en los mencionados autos “Castillo”, “Granero”, “Nieto”, “Bustos” y “Vargas”, entre otros. En los cinco últimos precedentes se estableció la aplicación de las disposiciones de los  8 y 17 inc. 6 de la Ley 26.773 a las causas anteriores a publicación de esta ley sobre la procedencia de aplicación y metodología de cálculo del índice de ajuste RIPTE. A los fines de evitar la trascripción de los extensos e idénticos fundamentos, se remite a esos precedentes que obran en protocolo y S.A.C. como motivación expresa del presente fallo.

4. Es de considerar que la mayoría de los tribunales de Mendoza, Santa Fe en este caso con fallo de su máximo tribunal[2], Ciudad y Córdoba se inclinaron por la aplicación inmediata de la Ley 26.773. En el último fuero la mayoría se revirtió en virtud de lo establecido en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJCba.), “Martín Pablo Darío c/MAPFRE ART SA”, del 20/2/14, dictado en sentido contrario. Se debe aclarar que este precedente es distinto al aquí en análisis porque se trató de una enfermedad accidente cuya indemnización había sido percibida por el actor y se debatía una diferencia en su porcentaje. En los presentes autos, se trata de de un accidente de trabajo, con incapacidad e indemnización nunca rechazada ni abonada por la demandada y que no obtuvo determinación de incapacidad hasta fecha posterior a la vigencia de la Ley 26.773.

5. Por lo expuesto, el calculo de la prestación del Art. 14 inc. 2, ap. de la Ley de Riesgos deberá realizarse conforme las pautas de la Ley 26.773 al momento de la determinación de la incapacidad en pericia médica, conforme las bases de los arts. 3 y 8 Ley 26.773 y art. 4, inc. c) Res. SSS, Nro. 34.  Determinado de tal forma el capital, se aplicará un interés del dos por ciento por mes además de la tasa media pasiva mensual hasta su efectivo pago. Se sigue para ello, lo dispuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A.-Demanda” (25/6/02) y “Arrieta Alberto C/ Julián Calzada y Hno. S.A.C.I.F. Incap. Recurso de Casación” (28/4/05), a cuyas consideraciones en este aspecto se remite por razones de brevedad.

E. Costas.

Las costas imponerse a la demandada por haber resultado vencida sobre la base de las prestaciones dinerarias por la que prospera la demanda, con excepción de los correspondientes a los peritos propuestos por la parte actora que son a su cargo (art. 28 y conc. Ley 7987). Los honorarios de los abogados intervinientes se regularan cuando haya base suficiente para ello y de acuerdo a lo establecido en el art. 125 y conc. de la Ley 9.459 y el art. 276 LCT.

Por los fundamentos expuestos el Tribunal Unipersonal de la Sala Séptima de la Excma. Cámara del Trabajo, RESUELVE:

A. Hacer lugar a la demanda interpuesta por René Franco Orellana y condenar a la Provincia ART SA  a abonarle la prestación del art. 14 de la LRT por el 11,20 % de incapacidad parcial y permanente de la t.o. conforme las bases, condiciones e intereses indicados en los considerandos.

B. Costas a cargo de la demandada (art. 28, Ley 7987), con excepción de los peritos de la parte actora que son a su cargo. Protocolícese.

[1] ARESE, César, Cuestiones procesales de la ley 26.773, Revista Doctrina Laboral Rubinzal Culzoni, 2013, p. 337.

[2] Entre otros, CALab. Rosario, S. II,  “Plaza, Mario Vicente vs. Municipalidad de Rosario s. Cobro de pesos”, 19/05/14, RC J: 6017/14. En “Gatti, Daniel Arístides vs. Provincia de Santa Fe s. Accidente laboral”, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral Sala II, Santa Fe, 14 de junio de 2013 (RC J 11667/13), dijo: “En lo que respecta a la indemnización prevista en el art. 3, Ley 26773, el inc. 5, art. 17, Ley 26773, crea una distinción peyorativa sin justificación alguna entre un trabajador accidentado previo a la publicación de la ley mencionada pero que aún no ha percibido la indemnización por el mero incumplimiento de su deudor (como ocurre en el caso con el actor) y un trabajador que sufre un accidente cuya primera manifestación invalidante se produzca luego de su publicación. Dicha diferenciación normativa se traduce en negarle al primero una indemnización por daño moral que es otorgada al segundo, lo que es lo mismo decir que un trabajador tiene un sistema más amplio de reparación de los daños sufridos que otro, sin mayor justificación. En virtud de lo expuesto, se declara la inconstitucionalidad del inc. 5, art. 17, Ley 26773, en la parte en que dispone que la aplicación normativa alcanza únicamente a los damnificados cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la fecha de publicación, en tanto constituye una discriminación a un sujeto doblemente tutelado a nivel constitucional (como trabajador y como persona afectada por una discapacidad), recibiendo un tratamiento distinto en iguales situaciones”. Este criterio fue confirmado por la Corte Suprema de esta provincia en un caso similar.

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